AI Act: el proyecto de ley checo sobre inteligencia artificial
El Ministerio de Industria y Comercio (MPO) ha elaborado un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que aplica el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, el denominado AI Act. El proyecto complementa el AI Act y establece de qué modo se aplicará esta regulación en la República Checa. El proyecto de ley sobre IA determina, entre otras cosas, qué autoridades ejercerán la supervisión, cómo funcionarán la autorización y las pruebas de los sistemas de IA de alto riesgo, e introduce sanciones por el incumplimiento de las obligaciones.
Por su alcance material, se trata de una norma jurídica nueva. El proyecto introduce una regulación propia del ámbito de la inteligencia artificial, que hasta ahora no existía en el ordenamiento jurídico checo, y contiene un régimen completo e integral que abarca la supervisión, los procedimientos y las sanciones.
En este artículo encontrará lo siguiente:
- La República Checa prepara su primera ley especial sobre inteligencia artificial, que complementará el AI Act europeo.
- Como autoridad principal de supervisión se propone la Oficina Checa de Telecomunicaciones, apoyada por otros organismos públicos.
- En qué condiciones será posible probar y poner en funcionamiento sistemas de IA de alto riesgo en un entorno real.
- Qué aportará el entorno de pruebas regulatorio (sandbox) de nueva creación para las empresas innovadoras y qué riesgos conlleva el incumplimiento de las obligaciones.
El proyecto de ley contiene lo siguiente:
Supervisión del cumplimiento de las normas
La supervisión se repartirá entre varias autoridades. La Oficina Checa de Telecomunicaciones se designa como autoridad principal de supervisión y se convertirá en el punto de contacto único. Otras autoridades de supervisión son el Banco Nacional Checo y la Oficina de Protección de Datos Personales. La Oficina de Normalización Técnica ejercerá la función de autoridad notificante y garantizará la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad. En cuestiones de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas desempeñará un papel importante el Defensor Público de los Derechos.
Por lo que respecta a la supervisión, del art. 17 del proyecto de ley se desprende que, al supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del AI Act y del proyecto de ley, las autoridades mencionadas actuarán como autoridades de vigilancia del mercado conforme a la ley que regula la vigilancia del mercado de productos y al reglamento de la Unión Europea directamente aplicable en esta materia. Asimismo, la Oficina Checa de Telecomunicaciones y la Oficina de Protección de Datos Personales deberán intercambiar información: se informarán mutuamente, y al resto de autoridades de vigilancia del mercado, del inicio de una inspección o de un procedimiento con arreglo a esta ley y del objeto de dicha inspección o procedimiento.
El proyecto de ley regula también la emisión de un dictamen de la Oficina Nacional de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (NÚKIB) cuando un procedimiento tramitado por la autoridad de vigilancia del mercado con arreglo al reglamento sobre inteligencia artificial o al proyecto de ley esté relacionado con el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad de un sistema de inteligencia artificial establecidos en dicho reglamento. Del mismo modo, esta autoridad puede solicitar a la Oficina de Protección de Datos Personales un dictamen en relación con la normativa que regula el tratamiento y la protección de datos personales.
Sistema de inteligencia artificial de alto riesgo
El AI Act permite, bajo determinadas condiciones, probar sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo en un entorno operativo real y admite al mismo tiempo la posibilidad de su explotación incluso sin evaluación previa de la conformidad. Si la autoridad de supervisión constata la infracción de alguna de las disposiciones del AI Act, está facultada para imponer al sujeto obligado la adopción de medidas correctoras. A tal efecto, el proyecto de ley establece un marco procedimental concreto, que incluye los plazos y los trámites del procedimiento administrativo.
En general, puede afirmarse que se trata de procedimientos administrativos complejos, pero con límites temporales claramente definidos:
- para la resolución sobre la autorización de las pruebas se fija un plazo de 90 días,
- para la resolución sobre la autorización de la explotación se fija un plazo de 120 días.
Creación de un entorno de pruebas regulatorio (sandbox) para la inteligencia artificial y algunas condiciones de su funcionamiento
El proyecto de ley prevé asimismo la creación de un denominado entorno de pruebas regulatorio (sandbox) para la IA. Su gestión corresponderá a la Agencia Checa de Normalización. El sandbox regulatorio está destinado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que deseen desarrollar sistemas de inteligencia artificial y, desde el principio, interactuar con el Estado y probar con su ayuda la nueva inteligencia artificial en un entorno real y con clientes reales. Se trata de una forma de «pruebas controladas de IA en funcionamiento» que permite verificar la funcionalidad y la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial antes de su comercialización.
Una condición para el funcionamiento del sandbox regulatorio de inteligencia artificial es que la participación en él solo nace a partir de un contrato celebrado, lo que significa que la presentación de una solicitud de participación no genera automáticamente un derecho a participar. Las condiciones, incluidos los requisitos de admisibilidad y los criterios de selección para participar, las establecerá la Agencia Checa de Normalización y se publicarán en su sitio web.
Advertencia sobre el incumplimiento de obligaciones e infracciones administrativas
Por último, cabe mencionar que, cuando el sujeto obligado incumpla de forma menos grave una obligación establecida en el AI Act, la autoridad de vigilancia del mercado competente podrá advertirle de dicho incumplimiento y requerirle que lo subsane en un plazo razonable. Este plazo no podrá ser inferior a 15 días desde la notificación de la advertencia. Las infracciones administrativas se mencionan en el proyecto de ley en las disposiciones finales, arts. 21, 22 y 23.
Se prevé que la ley pueda entrar en vigor a lo largo de 2026.
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